Se denomina dictablanda
al régimen autoritario que, si bien no respeta los estándares mínimos de
pluralidad política e informativa, no fundamenta su estabilidad en una
represión sistemática ni en una persecución
de la oposición. El límite de las actuaciones del gobierno los establece la
voluntad del mismo, no la ley (que no deja de ser en estos casos sólo una
puesta en escena). Hay dos posibles razones por las cuales un régimen así se sustenta:
o bien se trata de algo transitorio hacia la democracia o bien el apoyo de una
gran mayoría del pueblo hace innecesaria y contraproducente una represión a
gran escala. Se parte de la idea de la inexistencia de separación de poderes
aunque se intenta disimular este hecho.
Se denomina democradura
al régimen formalmente asimilable a una democracia convencional pero cuyo
gobierno usa de manera despótica todos los resortes legales que le otorga el
sistema. Pone a prueba y fuerza los límites de la legalidad así como de los
derechos humanos y de los derechos sociales. El límite lo impone una
Constitución que requiere una mayoría inalcanzable para el gobierno que
pretende violarla. En esta situación de crisis institucional, donde la
Constitución pasa de ser una garantía del poder institucional a un corsé contra
las políticas anheladas por el gobierno, es cuando aparecen los disturbios, el
estallido social… Algunas veces la respuesta a esta situación es el paso de una
democracia a una democradura, otras,
en cambio, es la causa. Se parte de la idea de la existencia de la separación
de poderes aunque se intenta redefinir su efectividad.
El primer caso correspondería a Venezuela (sobre todo al
período del boicot de la oposición al gobierno de Chávez) donde la pluralidad
política desapareció y el monopolio de los medios de comunicación privados por
parte de la oligarquía se contrarrestó con un uso equivalente de los medios de
comunicación públicos por parte del gobierno. Un contexto en el que la
Constitución era sólo una puesta en escena ya que las grandes reformas se
podían llevar a cabo al tener la totalidad del gran teatro del Poder
Legislativo controlado.
El segundo caso correspondería a España, gobernada por un
ejecutivo dispuesto a desmantelar los servicios públicos e invalidar los
derechos sociales. Se actúa de manera despótica pasando el rodillo de la
mayoría absoluta en el Poder Legislativo. Puesto que dicho rodillo no aplaca
los sentimientos y necesidades de una sociedad en crisis se usa la porra como
herramienta de paz social. Los derechos se ven violados hasta el límite de lo
constitucional y ciertas decisiones gubernamentales empiezan a ser llevadas a
tribunales internacionales.
En el primer caso, la dictablanda de Chávez redujo la pobreza
en casi un 50%, la inflación en un 10% y todo manteniendo una deuda pública del
51% y un déficit público del 7’4%. El beneficio obtenido de la explotación del
petróleo se usó en beneficio de los más necesitados.
En el segundo caso, la democradura de Rajoy, en plena crisis
y sin posibilidad ni voluntad de tomar las riendas de la economía, siguió
ascendiendo el paro a 6 millones, la pobreza potencial escaló hasta afectar a
un tercio de la población, el PIB bajó un 1’6% y, aún con unos recortes
superiores a los 40.000 millones de euros, el déficit público se situó en torno
al 7% y la deuda pública en torno al 76%.
No pretendo halagar, condenar o comparar injustamente dos
modelos de practicar la política. Mi objetivo es que se analice cada caso en su
contexto y que, antes de practicar el noble arte ibérico de impartir juicios de
valor a escala internacional, aprendamos a impartirlos a escala nacional.
Y, ante todo, socialismo y democracia.
Manel Clavijo Losada
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